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La primera fuente que se tiene respecto al acceso a la información y en  transparencia, es en Suiza, cuando al proporcionar información se observa  que el acceso a la información es un disolvente de actos  de  corrupción, de discrecionalidad patrimonialista y otras tantas malas prácticas; abriendo en consecuencia la información de todas las  áreas del gobierno y volviéndose parte de una nueva cultura gubernamental.

Se ha llegado a tal punto de generalización, sofisticación y sistematización, que hoy en día los funcionarios suizos afirman poder entregar una copia de cualquier documento elaborado hace 200 años en sólo 24 horas.

Suecia encaró el desafío de la modernización de su gobierno en la última parte del siglo XIX  y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia como envoltura de su estrategia.

El tema de transparencia cobró fuerza en varios países del mundo en diferentes años, Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y Dinamarca (1970), y en los últimos cinco años del siglo XX,  más de 40 países del mundo, incluyendo México,  adoptan esta práctica  e instituyen sus propias leyes de acceso a la información.

En México, el derecho a la información es fundamental,  expresado en el artículo sexto de la Constitución mexicana; con la alternancia en el poder, se generaron espacios de participación ciudadana, lo que permitió exigir que las acciones gubernamentales transparentaran el uso de los recursos públicos. El 11 de junio del 2002 se firmó el decreto de promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del que se derivó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

El 20 de julio de 2007 se reformó el artículo sexto, comprometiendo a los estados y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información, ya no sólo a nivel federal, sino que a partir de ese momento, las leyes estatales deberían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública, y un año como plazo para adecuarse a ello.

En el Estado de Guerrero, el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley N° 568 de Acceso a la Información Pública el día 29 de septiembre de 2005, y con esto se dio el primer paso hacia la nueva cultura de la transparencia en nuestra Entidad.

Posteriormente acatando lo establecido en la reforma del artículo sexto de la Constitución Federal, se hizo la propuesta de la nueva ley, aprobándose el 11 de mayo del 2010 la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la cual entró en vigor el 31 de julio del mismo año.

El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, por medio del cual se amplían los sujetos obligados frente a los cuales se ejercer el derecho de acceso a la información pública, se sientan las bases para articular un Sistema Nacional de Transparencia, y se brinda autonomía constitucional a los órganos garantes federal y estatales, ampliando sus facultades y competencia.

El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública orientada a homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo el país.

El nuevo modelo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública agregó novedosos elementos como: los principios base de la actividad de los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública; el fomento a una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, la cual se implementará por conducto de los órganos garantes federal y estatales; el establecimiento de una Plataforma Nacional de Transparencia herramienta electrónica que concentrará armónicamente los subsistemas de solicitudes de acceso, obligaciones de transparencia y los medios de impugnación articulando a los distintos sujetos obligados y organismos garantes; la ampliación de las obligaciones comunes de los sujetos obligados; el fortalecimiento de la estructura, organización y funcionamiento de los organismos garantes; la previsión de nuevos recursos o medios de impugnación como el recurso de inconformidad ante el Instituto, la facultad de atracción por parte del mismo, y el recurso de revisión tratándose de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que conocerá este máximo órgano jurisdiccional; así como la inclusión de medidas de apremio y sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones legales.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado de Guerrero armonizó su Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, publicándose el día 6 de mayo de 2016 y la cual entró en vigor el 7 de mayo del mismo año.